• Joaquín Ortiz Court

Vulnerabilidades del espacio urbano: prevención antes que reacción

Las nuevas generaciones enfrentamos uno de los desafíos más complejos de la historia. No es solo la pandemia del COVID-19, ni la búsqueda de formas ‘sustentables’ para la extracción y/o producción de recursos naturales, sino ¿cómo podemos responder ante eventos climatológicos no contemplados por nuestro entorno? La sequía, el cambio climático y la escasez, son fenómenos que aparecieron hace muchos años pero cabe preguntarse: ¿hemos dimensionado los efectos que estos generan en las relaciones humanas y los ecosistemas?


De acuerdo a información de la reaseguradora alemana Munich Re, durante el año 2020,hubo un gasto de 210 mil millones de dólares en daños a nivel mundial, producto de desastres naturales como huracanes, inundaciones, incendios forestales, entre otros. En Estados Unidos las altas temperaturas, seguidas de las sequías, contribuyeron al aumento de incendios forestales en la zona Oeste. Por otro lado, en China, el gasto se concentró en los daños que dejaron las inundaciones -especialmente en la zona central- donde el Estado llegó a concretar la evacuación de más de 100 mil personas debido al desborde de ríos y lluvias. Asimismo, un reciente estudio del Banco Mundial señala que Chile habría perdido alrededor de 9 mil millones de dólares debido a catástrofes, inundaciones y sequías. En el mismo período de tiempo (1926-2019), la suma total de México, Argentina, Perú y Chile, alcanzaba pérdidas conjuntas por un total de US $88 mil millones.


A mayor abundamiento el país, además, cumple con más de la mitad de los criterios de vulnerabilidad establecidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático de 1992. Más recientemente, la Dirección General de Aguas dio a conocer el Balance Hídrico Nacional, donde visualiza un panorama desalentador: proyecta la disponibilidad de aguas para el país hasta el 2060 y señala que para el período 2030-2060 ,en el norte y centro de Chile, podría disminuir en más de un 50%.

Así, es posible vislumbrar que el “riesgo climático es el potencial de impactos desfavorables sobre personas, sistemas naturales y sectores económicos producto de la ocurrencia de condiciones climáticas adversas”, como han señalado desde el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Este concepto resulta clave para prevenir y dimensionar eventuales situaciones que nos permitan estar mejor preparados.


Pues bien, durante el verano, la Región Metropolitana registró la mayor cantidad de agua caída en los últimos 80 años. Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago, afirmó al diario El Mostrador que el agua caída en dos días, cifró en 31,4 milímetros, , cantidad comparada con los 22,4 milímetros registrados en 1933, fenómeno que, si bien puede ser favorable por las altas temperaturas de la época para algunos habitantes de sectores precordilleranos y del agro, la situación provocó cuantiosas pérdidas debido a los aluviones que arrasaron con hogares y comercios. A pesar de esa excepcionalidad, Chile atraviesa una de las mayores sequías registradas hace ya más de 12 años.


De esta manera, las nuevas generaciones crecen bajo un contexto de cambio global y escasez hídrica, por lo que pueden evidenciar y exigir la transformación de todo el sistema. En este sentido, el actual proceso constituyente presenta una oportunidad única para construir desde la ciudadanía una nueva Constitución.


También es importante agregar que la sequía que se manifiesta a lo largo del país, se agudiza en la Región Metropolitana con más de siete millones de habitantes y casi un 40% de la población nacional. Vale decir que, ante la crisis, es el espacio que reúne mayor cantidad de personas que se verían afectadas. Resulta entonces indispensable realizar una evaluación seria, y contar con información actualizada y disponible para la ciudadanía, respecto de futuros escenarios que el Estado tenga en cuenta para así adoptar políticas públicas necesarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI.


A pesar de lo que hoy acontece, hay aspectos de la identidad local que podrían ayudar a enfrentar la crisis y generar comunidades más resilientes. En efecto, el país, el Estado y los ciudadanos, históricamente han atravesado crisis naturales que les han permitido desarrollar una “cultura de la emergencia y el desastre” que posibilita tener las capacidades necesarias para sortear y adaptarse. Lo anterior se suma a la búsqueda constante de nuevas alternativas de desarrollo y regulaciones en torno a la gestión del agua, restauración de ecosistemas, cambios de rubro laboral, eficiencia hídrica y migraciones a regiones con mayor disponibilidad hídrica.


Por último, debido a la creciente investigación sobre el cambio climático e interés ciudadano por temas vinculados al agua, la comunidad juega un rol fundamental en lo que será la adaptación a este escenario. Independiente de las políticas públicas que implementen los gobiernos de turno, será ineludible generar trabajo en conjunto desde la sociedad civil, gobiernos locales y la academia para que de este modo, como región y después como país, nos hagamos cargo de disminuir las vulnerabilidades que se perciben cada vez más en el espacio urbano, aprovechando las herramientas que nos brinda el siglo actual.


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