Actualmente, nuestro país vive una mega sequía. De acuerdo a información del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia (CR2), Chile enfrenta la década más seca de su historia desde que comenzaron los registros de precipitaciones en 1915. Esto ha tenido efectos sobre la vulnerabilidad social, el desarrollo productivo y la conservación de los ecosistemas acuáticos. La comparación de las actuales precipitaciones con el promedio de los años 1981-2010, muestra que en prácticamente la totalidad de las estaciones pluviométricas del MOP se han generado déficits significativos. Respecto a la situación futura, el World Resources Institute indicó que Chile podría enfrentar un aumento importante en el nivel de estrés hídrico, pudiendo ser calificado como extremadamente alto al año 2040.
La frase “No es sequía, es saqueo” ha visibilizado el cuestionamiento que surge en la ciudadanía acerca de la real influencia que tienen el cambio climático y el modelo de gestión de aguas sobre nuestra situación actual. Al respecto, resulta imposible pasar por alto el hecho de que, en una proporción importante, muchas de las problemáticas relacionadas a la escasez hídrica se deben a una inadecuada gestión de los recursos hídricos (Escenarios Hídricos 2030, 2019).
Las políticas de distribución del agua para la sociedad y el entorno natural en Chile están basadas en una ideología neoliberal, que utiliza instrumentos de libre mercado para la reasignación del llamado recurso hídrico. Si bien este modelo fue avalado internacionalmente en el pasado, hoy recibe múltiples críticas -tanto a nivel nacional como internacional- respecto a los impactos negativos que tiene sobre el ecosistema y la inequitativa distribución del agua en la sociedad. Es por esto que la demanda ciudadana por el acceso al agua como derecho humano (reconocido por la ONU el año 2010) y la protección de los ecosistemas se vuelven puntos prioritarios a tratar en el proceso de redacción de la nueva Constitución.
Dentro de este contexto, pensamos cuáles son los puntos que indicarán el camino para la co-construcción de la nueva carta magna. Es necesario un nuevo modelo de gestión del agua, equitativo, socialmente justo y que considere los derechos humanos al agua y al saneamiento como pilares fundamentales. Así lo indican las “Bases para una Constitución por el agua”, insumo guía que sirvió como documento introductorio para la Escuela de Constituyentes por el agua, organizada por Fundación Newenko.
De acuerdo a los módulos del espacio de formación mencionado, me permito compartirles citas destacadas para la discusión por el agua. En primer lugar, es importante señalar que la poca agua disponible actualmente debe priorizarse para asegurar los derechos humanos fundamentales y los ecosistemas, ya que estos últimos y su funcionamiento son primordiales para la existencia de la vida, por lo tanto el agua debe priorizarse también para la naturaleza. Al respecto, Felipe Tapia, co-fundador de Newenko, dice que “es muy importante que este derecho humano al agua vaya acompañado también de una reflexión de los principios ambientales que pueden ser, por ejemplo, los temas relativos con cambio climático, equidad intergeneracional, sustentabilidad y sostenibilidad”. En segundo lugar, la gestión colectiva del agua es fundamental. Es crucial que un recurso común como el agua sea gestionado por todas las partes interesadas, o que se ven afectadas tanto por su cantidad, como por su calidad. Dentro de éstas se encuentran las mujeres. En este sentido, Evelyn Vicioso, directora ejecutiva de la fundación, estima que “el rol de las mujeres en el suministro, gestión y defensa del agua es fundamental para hacer una sociedad más justa y ecosistemas más resilientes, siendo las mujeres las mejores administradoras del conflicto hídrico y del bien común”. Asimismo, el sentido de responsabilidad por cuidar «lo común» involucra un grado de compromiso. Es por eso que las instancias de diálogo son importantes para poner sobre la mesa los pro y contras de una toma de decisiones, y para que los actores se den cuenta de los efectos que causan sus actividades.
Por otra parte, en relación al modelo económico y el mercado como asignador de las aguas, Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, ha manifestado interesantes reflexiones acerca de cómo avanzamos ad portas de una nueva Constitución. Fue muy interesante conocer algunas falacias tradicionales de la defensa del modelo actual, dentro de las cuales está la afirmación, en algunos sectores, de que Chile creció en los últimos 40 años gracias al modelo de gestión de las aguas. Al respecto, Costa ha dicho: “No tiene ninguna relación el crecimiento de Chile con el hecho de que se hayan privatizado las aguas. No hay ningún estudio -y probablemente sería muy difícil de hacer- que demuestre que existe una causalidad entre la privatización de las aguas y el crecimiento, ni que pueda decir que, sin esa privatización o con otros sistemas de gestión, no se va a producir crecimiento económico. No hay ninguna razón lógica tampoco para pensar que eso vaya a ser así”.
Otro punto importante es la gobernanza, que sienta las bases para la acción colectiva. Anahí Urquiza, docente de la Universidad de Chile e investigadora del (CR)2, explica la Teoría Policéntrica de la gobernanza que, según sus propias palabras, corresponde a “lineamientos de ciertas formas de aproximarse a la toma de decisiones en los territorios, que nos pueden orientar para enfrentar los desafíos que tenemos en la actualidad”. Una gobernanza policéntrica es descentralizada, el poder en la toma de decisiones es más distribuido, más horizontal, fomenta las relaciones en las redes de actores, y genera coherencia entre las acciones a nivel nacional, regional y local. Para esto debe crearse una nueva institucionalidad, en las que las corporaciones o consejos de cuenca se establezcan como instituciones formales.
Establecer una nueva institucionalidad no es una labor fácil. Las nuevas reglas deben ser legítimas. Como dice Daniela Duhart, presidenta del directorio de Fundación Newenko, “la importancia de poder establecer claramente la calidad jurídica del agua como bien común o bien nacional de uso público, pero de forma consistente, no después tener esa contradicción desde el punto de vista legislativo como un bien de mercado desregulado. Además, es importante la incorporación de distintos valores socionaturales, culturales y usos, y el rol del Estado como guardián legal que permita garantizar el acceso equitativo y ecológico al elemento vital, la protección, restauración y preservación de las fuentes naturales”.
Un concepto interesante que menciona Robinson Torres, docente de la Universidad de Concepción, es la hidrocosmología, con la que comenta la importancia del ciclo hidrocosmológico, relacionado a las culturas de los pueblos originarios: “el agua juega un rol fundamental, por ejemplo, en su visión con respecto al ciclo de la vida, y el no acceso al agua significa un etnocidio cultural”.
¿Es sequía o es saqueo? Gustavo Abrigo, integrante del Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales Renovables (CIRN), señala que “no podemos negar que existe la condición natural de disminución de las precipitaciones. Hay sequía. Pero eso se ve agravado e intensificado por el saqueo que se ha producido del agua en las cuencas, en la extracción ilimitada que afecta tanto a las aguas superficiales como subterráneas. Es sequía y es saqueo”.
Los y las constituyentes provienen de diversos lugares de nuestro país, con realidades diferentes, pero en cierto grado comunes. En estos territorios existe un rico conocimiento tradicional ecológico que es importante conocer. En la Convención Constitucional ya comenzó el proceso de discusión de contenidos, que tiene un plazo de 60 días para propuestas iniciales, donde el llamado es a que no pueden olvidar integrar los aspectos fundamentales que nos conduzcan a un nuevo pacto social por el agua.
22/10/2021