La escasez no solo apunta a menos lluvia o disminución de caudales, sino que también alude a la ausencia de redes de agua potable. Es por eso que la crisis hídrica se debe abordar desde factores hidroclimáticos que determinan su disponibilidad contemplando los agentes políticos que definen accesibilidad, distribución, protección, marco legal y el sistema de gestión del recurso.
El 22 de marzo fue el día establecido para concientizar sobre la importancia del agua para la vida. La conmemoración impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1993, busca el desarrollo sostenible del recurso. Este año, el mundo enfrenta el Covid-19 junto a una seguidilla de efectos del cambio climático. Mientras que el país tiene la oportunidad de consagración del derecho humano al agua mediante el Proceso Constituyente, no se desmarca de una serie de conflictos medioambientales, tal como la crisis hídrica.
A marzo de 2021, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha declarado 16 zonas de escasez hídrica a través de decretos. La Dirección General de Aguas (DGA) detalla que vigentemente, son 78 comunas las permitidas para extracción de agua sin necesidad de contar con derechos de aprovechamiento y apoyadas con fondos de emergencia para la distribución de suministro a través de camiones aljibe.
La brecha hídrica es un indicador que muestra la relación entre la demanda potencial de agua y la oferta disponible en las fuentes de abastecimiento. Bajo tal concepto, la Radiografía del Agua de Escenarios Hídricos 2030 del año 2018, señala que las cuencas más afectadas corresponden a los ríos Los Choros, La Ligua, San José, Petorca, Limarí, Copiapó, Quilimarí y Elqui; y las cuencas costeras entre Aconcagua y Maipo.
UN CICLO CADA VEZ MÁS SECO
Las fuentes informales de agua subterránea y superficial están siendo directamente afectadas por la sequía. El último Balance Hídrico Nacional (2019) de la DGA detalló que todas las cuencas analizadas proyectan una disminución de caudal medio anual (en promedio -25%, el más desfavorable, y -10% el más favorable).
El país acumula la década más seca de toda su historia, considerando que existen registros de precipitaciones desde 1915. El balance de la DGA proyectó la disponibilidad de agua en el territorio y alertó que para el período 2030-2060, en el norte y centro de Chile, podría disminuir más del 50% del recurso esencial.
Por lo anterior, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) ubica al país en el lugar 18 en el ranking global de estrés hídrico. No obstante, el cambio climático no es exclusivamente responsable de la brecha, pues sólo representa un 12% de la causa según el estudio “Transición hídrica: El futuro del agua en Chile” (2019) realizado por la Fundación Chile.
UNA GESTIÓN ÚNICA EN EL MUNDO
La mala administración y gobernanza del agua, provocan el 44% de los problemas de brechas y riesgo hídrico. A modo de ilustración, es por la falta de transparencia del mercado del agua a nivel de cuenca; la descoordinación de las instituciones a nivel de cuenca restringida a la gestión del recurso hídrico por secciones; la información limitada, fraccionada y contradictoria sobre los recursos hídricos que genera desconfianza; la limitada inspección a los usuarios; además del desconocimiento e insuficiente fiscalización de extracciones ilegales de agua. Así de claro fue el análisis de la Fundación Chile.
Dentro de los problemas destacados, un 17% son causa de las actividades productivas y el sobre otorgamiento de Derechos de Aprovechamiento sobre las Aguas (DAA). Mientras que un 14% es provocado por el uso de productos químicos en agroindustria, los pasivos ambientales mineros, la carencia de tratamiento de aguas servidas en zonas rurales y la disminución de calidad por disminución de niveles del acuífero e intrusión salina.
El Código de Aguas de 1981 es la legislación vigente y base para la gestión hídrica. El modelo se impuso sin un debate público ni búsqueda de recomendaciones científicas, directamente constituye uno de los pilares de la economía neoliberal instaurada por la dictadura militar, pues se reconoce en el artículo 5 que las aguas son bienes nacionales de uso público. Sin embargo, el Código también establece que los particulares podrán constituir DAA de carácter perpetuo, pudiendo luego transferir o transmitir dichos derechos, dando así origen al mercado de las aguas; el recurso hídrico se transa independiente al dominio de la tierra.
EL DESAFÍO: CONSAGRACIÓN DEL AGUA COMO DERECHO HUMANO
Las manifestaciones del cambio climático, la escasez de agua potable en zonas rurales y un sistema que prioriza las necesidades productivas y el crecimiento económico en detrimento de asegurar el derecho humano; son parte del desafío que afronta Chile. La preocupación e interés ciudadana por el drama del agua, son reflejados en el estudio Chile Gota a Gota: Pandemia, desafíos y percepciones de la crisis hídrica de Greenpeace, del año 2021, en el que señalan que el 97% de los chilenos considera que el agua para consumo humano debe estar garantizada en la nueva Constitución.
Un gran obstáculo para concretar las propuestas de mitigación en la escasez es el modelo de desarrollo extractivista. A poco tiempo de las elecciones que permitirán elegir los 155 integrantes que redactarán la nueva Constitución, resulta esencial conocer la postura de las candidaturas frente al estatus jurídico del agua. Más de 20 distritos electorales poseen conflictos socio ambientales asociados al recurso hídrico.