La Contraloría General de la República denunció ante el Ministerio Público evidencias luego de una investigación al sistema de distribución de agua potable rural entre 2018 y 2019.
Fundación Newenko
De acuerdo al informe Nº 233/2020, la Contraloría General de la República concluyó que hay gastos no justificados, falta de registro del agua entregada a las comunidades y conflictos de intereses entre servidores públicos y empresas a cargo del servicio. Este documento fue el resultado de una investigación especial a la Región de Ñuble, que se enmarca dentro de las acciones a nivel país del Ministerio del Interior para abordar la emergencia provocada por el déficit hídrico.
El día 18 de enero de este año se oficializó el informe, donde puntualizan uno de los principales resultados: “se observó gastos sin documentación de respaldo, por un monto total de aproximadamente 228 mil millones de pesos por la prestación de servicio de agua potable para el consumo humano en vehículos aljibes, a las 21 comunas de la región”. Bajo tal contexto, el organismo fiscalizador otorgó un plazo de 30 días a la Intendencia para brindar los antecedentes referentes a los reportes de GPS y las guías de despacho del periodo analizado.
“Se comprobó la existencia de conflicto de interés entre un funcionario de la Intendencia Regional de Ñuble y la representante legal de una empresa de transportes”. El enunciado alude a los camiones aljibes de Yessica Andrea Romero Carrasco y las licitaciones adjudicadas en Chillán Viejo, dado que la mujer tiene una hija en común con Erwin Campos Cáceres, funcionario de la Intendencia, quien participó en distintas etapas de los procesos de contratación y de pago de los servicios de distribución de agua potable para el consumo humano en la región.
Los conflictos de interés continúan, dado que la Contraloría también constató que Ricardo Andrés Vallejos Palacios, durante diciembre de 2018 y enero de 2019, estuvo relacionado con la prestación de servicios de camiones aljibes siendo Administrador Municipal y subrogando la alcaldía de Chillán. El ex funcionario público está siendo investigado por el presunto delito de negociación incompatible, pues figura por favorecerse directamente, además de familiares y cercanos.
Durante los años 2016, 2017 y 2018 la empresa Antártica de Chile subcontrató camiones aljibes de la empresa Servicios Mecanizados Camarico Limitada. El antecedente detalla que Camarico tiene entre sus socios a Fernando Ignacio Vallejos Palacios, ex juez de Policía Local de la Municipalidad de Pemuco, hermano de Ricardo y cónyuge de una familiar de Johnnson Guiñez Núñez, alcalde titular de dicho municipio. Sotrafer SpA, cuyo propietario era Fernando Vallejos Guíñez, sobrino directo del ex administrador municipal, se adjudicó licitaciones que le permitieron ser fiscalizado por su propio tío. Actualmente, el sobrino delegó la representación de la sociedad a Pedro Alfonso Vásquez Ortiz.
“En el período fiscalizado, los camiones aljibes no contaban con flujómetros o dispositivos que permitieran medir volumétricamente el agua entregada a cada grupo familiar, por lo que no se pudo acreditar la cantidad efectiva de los litros de agua entregados”. Las conclusiones de la Contraloría fueron entregadas a los municipios de las comunas involucradas para sumarios administrativos y también a la Fiscalía Regional y al Consejo de Defensa del Estado para determinar presuntos delitos o malversación de fondos públicos.